La crisis del Antiguo Régimen absolutista se agudizó en 1808, produciéndose el Motín de Aranjuez contra Godoy y el propio Rey Carlos IV de España. Éste abdica en favor de su hijo Fernando VII de España, pero antes de consolidarse en el poder, Napoleón convocó en Bayona una Asamblea de notables españoles, a los que presentó un texto de Constitución, promulgado el 8 de julio de 1808.
Organizaba España como una monarquía hereditaria en que el monarca ocupaba el centro del poder político, pero con la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos proclamados en su texto.
Nació en un contexto complejo, dictado fuera de territorio nacional y con un marcado carácter afrancesado, apadrinado por los liberales moderados. Debido a que no fue elaborada por los representantes de la Nación, por su origen y proceso no puede considerarse una Constitución, sino una Carta otorgada: el proyecto de Estatuto fue presentado por Napoleón a 65 diputados españoles a los que solo se les permitió deliberar sobre su contenido. No existió voluntad previa de elaborar un documento constitucional, se les impuso un texto y se aceptó por unas Cortes reducidas convocadas en territorio francés.
Se abre con la definición confesional del Estado, para tratar después todo lo referente a la Corona y, en título posteriores, aborda el entramado institucional, finalizando con un desordenado reconocimiento de determinados derechos y libertades. Pese a establecerse un conjunto de instituciones, no puede hablarse de división de poderes: las atribuciones del monarca eran amplísimas, las Cortes se estructuraban en la representación estamental y las facultades del Senado y de las propias Cortes carecían de fuerza para obligar. Aun así, debido al contexto histórico, este diseño no pudo desarrollarse.
Respecto de los derechos y libertades, cabe destacar el exacerbado carácter confesional que se le atribuye a España:
El artículo 1 señalaba que “La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra.”
En un último título se contempla (disposiciones generales) una serie de derechos y libertades. La influencia de la Revolución francesa fue importante: se regulaban derechos de los inicios del liberalismo burgués, lo que suponía un avance respecto la situación existente:
* Supresión de aduanas interiores.
* Inviolabilidad del domicilio.
* Libertad personal.
* Derechos del detenido y preso.
* Abolición del tormento (relacionado con la integridad física y moral).
Las guerras de independencia hispanoamericana fueron un una serie de conflictos armados que se desarrollaron en el continente americano y que enfrentaron a los partidarios de establecer nuevas naciones independientes donde se encontraban las colonias españolas en América, enfrentando al Rey de España Fernando VII, las autoridades virreinales y los partidarios de la Monarquía española. Las guerras de independencia tuvieron tanto el carácter de guerra civil como de guerra internacional (entre naciones).
El conflicto comenzó en 1808, con la creación de juntas autodesignadas en México y Montevideo. Entre los líderes independentistas, también llamados libertadores, se encuentran la mayor parte de los "padres de la patria" de los países hispanoamericanos, como Simón Bolívar, José de San Martín, José Artigas, Francisco de Paula Santander, Bernardo O'Higgins, Antonio José de Sucre, Miguel Hidalgo y José María Morelos, entre otros.
Casi todos los países hispanoamericanos continentales de la actualidad (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), reconocen en este movimiento sus orígenes como naciones independientes. Sólo Panamá, y los países del Caribe de habla hispana (Cuba, Puerto Rico y República Dominicana) reconocen sus orígenes independientes en otros procesos históricos.
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